- Los resultados alcanzados parecen ir en la buena dirección, pero la falta de concreción en las medidas acordadas generan dudas sobre si se ha encontrado una solución definitiva a la crisis de deuda soberana europea.
- El problema estriba, una vez más, en que todos los acuerdos no parecen constituir la verdadera batería de medidas decididas que se necesitan para atajar la crisis.
- El Consejo Europeo reconoció que España está realizando un esfuerzo particular, pero que aún queda mucho camino por recorrer.
Los acuerdos alcanzados el día 26 de octubre abarcan diferentes asuntos, como la deuda griega, sobre la que se acordó realizar una quita nominal equivalente al 50% del importe en manos de inversores privados, con el objetivo de reducir la tasa de endeudamiento del país heleno hasta el 120% del PIB para 2020.
Asimismo, se acordó ampliar la capacidad del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) hasta un importe que podría alcanzar el billón de euros, y aumentar los requerimientos de capital a los bancos europeos, solicitando que los mismos alcancen un coeficiente de capital propio de mayor calidad (Tier 1) del 9% a final de junio de 2012.
Por otro lado, los líderes europeos se comprometieron firmemente a velar por la disciplina presupuestaria y acelerar las reformas estructurales encaminadas a fomentar el crecimiento y el empleo. En este sentido, el Consejo Europeo reconoció que España está realizando un esfuerzo particular pero que aún le queda mucho camino por recorrer.
Se convino igualmente poner en práctica un conjunto de medidas muy específicas destinadas a reforzar la coordinación y la supervisión económica y presupuestaria, que irán más allá de las medidas recogidas en el paquete legislativo sobre gobierno económico, adoptado el pasado 4 de octubre.
Por último, cabe destacar que se acordaron diez medidas para mejorar el gobierno de la zona euro y la efectividad de la toma de decisiones, entre las que se incluye la decisión de reunir, al menos dos veces al año, a los Jefes de Estado y/o de Gobierno de la zona euro con el fin formular las directrices estratégicas de política económica y fiscal. También se acordó otorgar un mandato al Presidente del Consejo Europeo para que, en estrecha colaboración con el Presidente de la Comisión Europea y el Presidente del Eurogrupo, determine posibles medidas para reforzar la unión económica, explorando incluso la posibilidad de introducir modificaciones limitadas en los Tratados.