Dicha jornada fue inaugurada por el Vicesecretario General de Organización de CEOE, José Isaías Rodríguez, y contó con la participación de la Subdirectora General de Mejora y Simplificación de la Regulación Procedimental del MPTAP, Pilar González Puente, así como de las Consejera Técnica y Coordinadora de Área de la Subdirección General de Mejora y Simplificación de la Regulación Procedimental de dicho ministerio, Delia Torés Moya y Estrella Fernández Amigo, respectivamente.

Esta segunda reunión de la REDCA estuvo acompañada de un curso orientativo sobre identificación y cuantificación de cargas administrativas por parte del Coordinador del Proyecto de Reducción de Cargas Administrativas CEOE-CEPYME, José Ignacio Gafo, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (MPTAP).

Una jornada marcada por una presencia significativa de los miembros de las organizaciones territoriales y sectoriales de CEOE, en la que se trataron cuestiones como la cuantificación de las cargas administrativas, la mejora de la presentación de propuestas a los distintos ministerios, la formación personal para la correcta presentación de las cargas administrativas o el plan de continuidad en el futuro del proyecto.

Asimismo, se subrayó el montante ahorrado anualmente a las empresas españolas, que ha ascendido a 916 millones de euros.

Igualmente, se trasladó a los asistentes la importancia del Proyecto de Reducción de Cargas Administrativas y la necesidad de fomentar una mayor coordinación, entre las organizaciones territoriales y sectoriales y la propia CEOE, para poder lograr la Convergencia Voluntaria de Legislaciones Autonómicas, objetivo último de este proyecto.

La jornada fue concluida con la propuesta de dos buenas prácticas a tener en cuenta. Por un lado, se destacó la necesidad de dotar al proyecto de mayor comunicación, mediante la inclusión de un apartado de cargas administrativas en las memorias de las organizaciones de CEOE-CEPYME. Por otro lado, se convino que sería positiva la publicación, por parte de los ministerios, del anteproyecto de ley y de los mecanismos de impacto económico y administrativo de las propuestas que se les presentan; ya que  permitiría a CEOE-CEPYME y a sus organizaciones miembro opinar sobre dichos mecanismos de impacto.